#Comunicado | El ejercicio del empleo público en propiedad o provisionalidad es un derecho


La incapacidad de «no reaccionar» es ya «enfermedad»,
«decadencia», «síntoma de agotamiento».”
Byung – ChulHan

La politiquería, la corrupción y la clientela han capturado al Estado, no solo nacional, sino territorial y el acceso a los derechos, no es por vía de las normas y de la institucionalidad, sino de una para–institucionalidad creada para que la cooptación del ciudadano, no a través del otorgamiento de derechos sino de favores, se convierta en una clientela necesitada que asegura ciudadanos dóciles y obedientes al poder y a los partidos tradicionales y de ahora, que han convertido este mecanismo en su única plataforma ideológica y propuesta de Estado. La corrupción como proyecto de sociedad y norma ética ciudadana.

No estamos hablando de tierras lejanas, sucede en Armenia y el Quindío. Donde esto pasa a los ojos de todos y de forma inadvertida: las Secretarías, las entidades estatales, los cargos públicos, inclusive las provisionalidades docentes y traslados, son entregadas a los partidos de antaño y los de ahora para garantizar la supuesta “gobernabilidad”, que no es otra cosa que todo suceda mal y nadie controle, nadie diga nada, “el hagámonos pasito. No se trata de ejercer la política como el bien común según Aristóteles y Platón, sino de apropiarse del
Estado para construir desde ahí verdaderas empresas electorales al servicio de unos pocos, quienes al final usufructúan de los inmensos presupuestos estales, quienes luego en complicidad con los organismos de control: fiscal, disciplinario, político y judicial son arropados con la más vergonzosa impunidad.

La esfera pública es lo común, lo de todos, la privada es la propiedad privada. Hoy no se distingue en la práctica estos dos conceptos de Arendt y como en el libro 1984 de Orwell, se pretende que borremos de nuestra memoria la diferencia entre lo que es estatal: de todos y lo que es privado: de uno solo.

El ejercicio de la función pública, del empleo público es un derecho consagrado en tratados internacionales ratificados por el Estado como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 23-1), además del artículo 125 de la Constitución, que prevé una garantía: “En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción”. Los leguleyos que hay por cantidad, dirán que la carta no lo prohíbe para el nombramiento de los provisionales. Parece ser que el nombramiento en el empleo público en estas tierras, trae clara una dirección para votar, lo que constituye una violación al derecho a acceder al empleo público.

Los mismos que en el Paro Nacional amenazaron descontar salarios, ordenaron una recuperación como escarmiento, quienes ponen a sobrar a los docentes pensionados, imponen presencialidad sin garantías, mataron en el Paro Nacional a cientos de ciudadanos, violaron derechos humanos, entregaron la salud al mejor postor, tienen la vivienda convertida en un negocio bancario, se abudinaron 70 mil millones de pesos, tienen el PAE como la caja menor de los procesos electorales y tienen control sobre todo el aparato estatal incluyendo los órganos de control, entre miles de males que hoy nos aquejan; pretenden en época electoral, en estas tierras y en otras, coaccionar los nombramientos en empleos públicos a la adhesión obligada a candidatos.

Desempeñar un empleo público en propiedad o en provisionalidad es un derecho, que no tiene condición más allá del cumplimiento de los requisitos contemplados en la constitución y la ley. Las demás exigencias extralegales, además de ser un abuso de poder se constituye en constreñimiento electoral.

Armenia, 18 de enero de 2022
JUNTA DIRECTIVA DEL SUTEQ

Héctor Elías Leal Arango
Presidente

Jennifer Andrea Flórez Páramo
Secretaria General

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