#ComunidadoSUTEQ | 25 · 01 · 2024
Históricamente la derecha y la ultraderecha de nuestro país ha querido acabar con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE; la violencia contra el sindicalismo muta y se adapta con el pasar de los años, también el lenguaje y los imaginarios que son el combustible de esa violencia.
Los maestros hemos sido tildados de “liberales, masones, comunistas, adoctrinadores, perezoso, revoltosos y hasta de guerrilleros”, sumado al asesinato de miles de docentes pretendiendo el exterminio del movimiento sindical, lo que ha dejado cicatrices imborrables. Así lo demuestra el informe a la Comisión de la Verdad y el macro caso de violencia antisindical ante la JEP. Se han desplegado acciones difamatorias y violentas, las mismas que hoy quieren reutilizar para desprestigiar al sindicato más fuerte del país, pero no se trata de planteamientos serios con debate y crítica desde los argumentos, sino de mentir, construir escenarios desde la agresividad focalizada y ejecutar acciones de pseudo clandestinidad que responden a campañas sucias con intereses particulares. Por eso hoy el tema de los 500 millones de aporte a la campaña del Presidente Gustavo Petro son solo una excusa para que el Centro Democrático a través de su Fiscal de bolsillo Francisco Barbosa siga atacando la autonomía y libertad sindical y el derecho que tienen las organizaciones a defender sus intereses en el reconocimiento y defensa de sus derechos laborales.
El poder político ha facilitado leyes que propician los ataques en contra de las libertades sindicales; el poder económico ha financiado actores armados y las dinámicas del conflicto interno, afectando
profundamente la práctica sindical y la integridad de los sindicalistas. Recuerdan la frase “quebrarle el espinazo a Fecode”, fue la recomendación del economista Alberto Alesina a los gobiernos neoliberales que nos han dirigido por décadas; la misión Alesina fue el recorte del presupuesto destinado a inversión social y en la franja de educación significó la división del magisterio, creando un segundo régimen laboral que abarató la mano de obra, arrebató más de 200 billones de pesos al presupuesto, profundizó la privatización vendiendo la educación como un servicio y no como un derecho fundamental y han acabado con los derechos laborales del magisterio.
El gran obstáculo para lograr sus oscuros y ambiciosos propósitos son los sindicatos, por eso los gobiernos de derecha han puesto a los docentes como los responsables del resultado de las pruebas externas con el fin de ocultar la responsabilidad del Estado; pretendiendo encubrir la problemática de hacinamiento escolar, la falta de docentes, la pésima infraestructura, la escasez de material didáctico, los bajos salarios, los factores de violencia, los colegios en concesión, deficiencias en el transporte escolar y el PAE.
El Centro Democrático sigue en su afán de golpear la Federación y la educación pública, por eso insisten en lograr la aprobación de dos proyectos de Ley; el primero de ellos es la iniciativa de la senadora Paloma Valencia con el proyecto de Ley 192 Bono Escolar que pretende usar los recursos de la educación pública para que sean girados a cubrir los costos de la enseñanza en el sector privado. El segundo proyecto de Ley es de la senadora María Fernanda Cabal, la cual pretende modificar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refiere a la huelga en servicios públicos, para agregarle la palabra “esencial” y establecer que la educación sea uno de esos servicios y de esa manera lograr la prohibición del llamado a movilizaciones.
El hecho que lleguen a irrumpir en la sede de la Federación y nuevamente redoblen esfuerzos para desvirtuar y acabar con el movimiento sindical es una situación de extrema gravedad, esto expone a la dirigencia sindical y retira el foco de los problemas realmente preocupantes en nuestro país, pues aun hay varios casos por resolver que la fiscalía se empeña en precluir, desvirtuar y llevar al vencimiento de términos. Por eso nos debemos preguntar: ¿Qué ha pasado con los expresidentes que presuntamente han recibido dineros de la mafia, el paramilitarismos y grandes empresas?, ¿dónde se quedaron los 70 mil millones para la conectividad de los estudiantes?, ¿qué ha sucedido con los protagonistas del robo de la alimentación de los niños en la escuela? ¿Quién dio la orden de 6402 ejecuciones extrajudiciales?…
Desde el Quindío hacemos un llamado al magisterio colombiano a rodear y proteger nuestra Federación, a la OIT para que se pronuncie ante la gravedad de este hecho y a la Corte Interamericana de DDHH para que proteja con medida cautelar a los dirigentes del ejecutivo de FECODE frente al inminente riesgo. Urge que la Corte Suprema de Justicia cumpla con el papel que tiene al elegir una Fiscal de la terna ya presentada cuanto antes.
¡Este nuevo ataque frontal solo se supera con la organización y la movilización, no aceptamos la impunidad, la calumnia ni la vulneración de los derechos que hemos conquistado al calor de la lucha!
JUNTA DIRECTIVA SUTEQ
Armenia, 25 de enero de 2024
Vivian Charlot Bernal Saba
Presidenta
Luis Fernando Giraldo Alvear
Secretario General
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